LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA. GRAN ENEMIGA
Si hay algo en lo que en este tan
radicalizado país, podríamos la gran mayoría estar de acuerdo, es en la necesidad de unir esfuerzos para erradicar o al menos llevar a su mínima expresión este flagelo que
socava la legitimidad de las
instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la
justicia, así contra el desarrollo social de los pueblos. Al combatir la
corrupción se fortalecen las instituciones democráticas, se evitan distorsiones
en la economía, vicios en la gestión pública
y el deterioro de la moral social.
La actuación corrupta de un funcionario cuando antepone sus
intereses personales o de un sector al
bien común que debe ser la finalidad
última de su proceder, por ser un acto aislado podría resultar fácil detectarlo
y sancionarlo. El problema se agudiza
cuando estamos frente al llamado “estado
de corrupción”, situación que permanece en el tiempo como una enfermedad moral
generalizada que tiende a expandirse, y que para muchas personas lejos de ser un problema, resulta más bien un
medio idóneo para resolver situaciones frente a la Administración Pública. Ello
es realmente grave, pues implica reconocer que los actos de corrupción forman
parte de nuestra cotidianidad y se conciben
como medios normales de resolver problemas, actos que para muchos, inclusive, no tendrían
que ser sancionados.
De allí la necesidad de salir de
este estado de corrupción, a través de un cambio de actitud ética donde se
prioricen y rescaten determinados valores por encima de otros. A través de un cambio de actitud de la
sociedad frente al Estado, donde se exalte la honestidad administrativa y se estimule a los funcionarios públicos
honestos. SÓLO A PARTIR DE ESA TOMA DE
CONSCIENCIA MORAL SERÁ EFICIENTE
CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE TIENDA A REPRIMIR TAL SITUACIÓN. ANTES SERÍA REALMENTE INÚTIL
